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miércoles, 23 de marzo de 2016

La encrucijada de Averly




El pasado lunes 14 de marzo se produjo una votación en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza con Averly como telón de fondo. Concretamente se debatía sobre garantizar la seguridad jurídica en el área de Urbanismo tramitando de manera inmediata en los órganos que corresponda la licencia de derribo del proyecto urbanístico de Averly. Ciudadanos votó a favor de esta propuesta porque, fiel a su principio de respeto de las decisiones judiciales, interpreta que no hay nada más importante que “garantizar la seguridad jurídica”. Votar en contra supone poner en riesgo esa seguridad y exponerse, como en otras ocasiones, a responder mediante cuantiosas indemnizaciones que menoscaban la capacidad inversora y la calidad de los servicios que proporciona este Ayuntamiento.

En relación a este conflicto hay una serie de hechos indiscutibles y que no admiten ninguna subjetividad. Ciudadanos ya ha referido en muchas ocasiones que es favorable a la conservación del complejo de Averly en su totalidad. De la calidad del citado complejo se han vertido ríos de tinta y debo reconocer mi incapacidad para aflorar argumentos distintos a los ya conocidos. En este momento, se encuentra protegida aproximadamente una tercera parte del complejo que incluye la portada principal de entrada, la casa del propietario y su jardín, las oficinas, el taller de ajustes y una parte de las canalizaciones subterráneas y del sistema de transporte de raíles para vagonetas. La conservación del 100% del área supondría un muy elevado coste a asumir por las administraciones públicas.

Otro hecho indiscutible son las sentencias judiciales; la del Tribunal Supremo de 29 de Septiembre de 2015, obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a reactivar un procedimiento que suspendió en su momento, accionar los tramites del plan especial y otorgar la licencia de derribo de la parte no catalogada, puesto que como reconoció el propio Ayuntamiento, éste “es un acto reglado que no depende de las voluntades políticas”.

Existe un tercer elemento a tener en cuenta. La propiedad actual tiene unos derechos reconocidos por el marco jurídico; también pesan sobre la misma una serie de obligaciones que será oportuno exigir si llega el caso.

Llegados a este punto las alternativas, grandes rasgos, son dos. En primer lugar, la que menos nos gustaría: el derribo del 70% del complejo no catalogado por el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón y la construcción en este espacio de una serie de edificios de viviendas. Hoy por hoy, y a tenor de las sentencias judiciales es la alternativa que tiene más posibilidades de salir adelante, aunque sólo sea por la inercia administrativa, salvo una rápida reacción de las formaciones políticas que ahora gobiernan en Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón.

Hay una segunda alternativa. La paralización del proyecto de construcción de viviendas consecuencia de un acuerdo con la propiedad. Lógicamente esta alternativa contempla la compensación a la propiedad de alguna forma: con suelos públicos de la misma calidad y con el mismo grado de “liquidez” en otra zona de la ciudad o cualquier otra imaginativa opción.

Esta segunda alternativa presenta dos derivadas de suma importancia. La paralización y el acuerdo con la propiedad puede llegar con la necesaria dotación presupuestaria por parte de las administraciones concernidas, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Ello supondría la elaboración de un plan de acción y la puesta en valor en el plazo correspondiente de la riqueza patrimonial del conjunto de la Factoría Averly. Esta es la mejor opción y por la que Ciudadanos apostaría, de darse el caso.

Pero hay una segunda derivada de futuro menos halagüeño. Que la citada paralización y acuerdo con la propiedad no llegue con la financiación suficiente. Conocidas la experiencia de gestión de otros elementos patrimoniales como Palacio de Fuenclara, Imprenta Blasco, etc. que se encuentran en la misma situación de no disponibilidad presupuestaria, habida cuenta del tamaño y necesidades de rehabilitación y puesta en marcha de un conjunto como Averly y teniendo en cuenta la progresiva degradación de la factoría, consecuencia inevitable del paso del tiempo, Ciudadanos no apoyaría ningún tipo de solución como la descrita, en el convencimiento del quebranto económico que supondría, máxime cuando este escenario plantearía la prolongación del problema por décadas, quizás incluso hasta cuando ya no fuera inevitable el derribo por ruina.

En Ciudadanos estaríamos muy satisfechos y daríamos todo nuestro apoyo a propuestas del Gobierno de la Ciudad que pasen por la conservación integral del complejo Averly, el acuerdo con la propiedad y la disposición de la necesaria dotación presupuestaria para el aprovechamiento del mencionado complejo. Lo que no tiene sentido es pretender salvar la parte no protegida (que lógicamente, a pesar de no estar catalogada tiene un gran valor histórico/industrial) por la vía de aplazar las decisiones. Ahora es el momento: si el Gobierno de Zaragoza en Común está dispuesto a plantear una propuesta de conservación integral del complejo con la necesaria dotación económica y aprobar una nueva catalogación que suspenda el derribo, adelante, a buen seguro dispondrá de los votos de Ciudadanos que impidan que se pierda este monumento destacado de la primera industrialización en España; de lo contrario procédase con la tramitación de los expedientes abiertos y cúmplanse las decisiones judiciales. Al menos, garanticemos la seguridad jurídica de este Ayuntamiento y minimicemos riesgos futuros en forma de indemnizaciones. El tiempo, el envejecimiento y el deterioro afectan a estas estructuras por igual, sin distinguir su interés histórico; salvemos Averly, si hay voluntad, como debe hacerse porque la inacción de quien gobierna no lo hará.

Zaragoza. Marzo de 2016

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